Veinte contenedores siguen llegando cada día a diferentes países de la Unión Europea con madera proveniente de Rusia y Belarús, pese a las sanciones que pesan sobre ambos países.
Una investigación de la consultora especializada en comercio ilegal de madera Earthsight estima que al valor de venta al público del contrabando ya es superior a 1.500 millones de euros, desde julio de 2022, cuando comenzaron a regir las sanciones.
La UE autorizó las importaciones de madera procedentes de Rusia y su aliado Belarús atendiendo a los llamamientos de la sociedad civil.
La investigación se centró en el valioso contrachapado de abedul. Consiguió revelar a los actores en cada etapa de la cadena de suministro, desde los gigantes de la fabricación en Rusia, pasando por las empresas que blanquean sus productos en China, Kazajistán y Turquía, hasta sus clientes en la UE.
Peligros
La investigación advierte de que introducir una categoría de “riesgo cero” en el sistema de evaluación del EUDR ?tal como proponen algunos Estados miembros? socavaría las sanciones de la UE sobre la madera ilegal rusa y bielorrusa y debilitaría la capacidad del conjunto de la UE para frenar la entrada de madera ilegal en el mercado único.
También permitiría que los países de la UE dejen de hacer controles sobre productos importados desde territorios con baja deforestación. España es particularmente vulnerable al contrabando de madera ilegal: ya importó 145,8 millones de euros en madera sospechosa desde que entraron en vigor las sanciones.
Los expertos recuerdan que, de los 10 mayores importadores de madera sospechosa, ocho están impulsando la inclusión de la categoría de “riesgo cero”. En conjunto, estos países han importado el 67% del total de madera “conflictiva” que ha entrado en la UE desde las sanciones, por un valor total de 1.270 millones de euros.
Los sistemas actuales como el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR) y las sanciones nacionales se verían fortalecidos por el EUDR, que proporcionaría herramientas adicionales y trazabilidad obligatoria.
En cambio, la propuesta de categoría “riesgo cero” eliminaría los controles obligatorios, ya que eximiría a las empresas de la UE de los requisitos de geolocalización y diligencia debida, y a las autoridades nacionales de realizar controles mínimos.